Democracia a la bolivariana
Por Jorge de Quintes
Ahora que Juan Carlos Monedero, uno de los mentores
de Podemos, tiene a España dividida entre los que han creído sus explicaciones
sobre el casi medio millón de euros que cobró de la Alianza Bolivariana de las
Américas (Alba) y los que siguen sin enterarse muy bien de por qué recibió ese
dinero puede ser buen momento para llamar la atención sobre la particular forma
de interpretar la democracia que practican algunos mandatarios de los países de
ese bloque.
No hay que remontarse nada más que a la semana pasada para ver cómo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha mandado a la policía política para encarcelar al alcalde mayor de Caracas acusado de conspiración y de una supuesta participación en una trama delirante del eje Madrid-Bogotá-Miami para derrocar al sucesor de Chávez. Maduro tiene a su país sumido en una crisis enorme. Sin alimentos, sin medicinas, con la segunda mayor tasa de criminalidad del mundo y se defiende con conspiraciones paranoicas en su contra para tratar de salvar la cara. Eso sí, al que le lleva la contraria lo mete en la cárcel. Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición, lleva doce meses entre rejas. Ahora le ha tocado el turno a Antonio Ledezma y la exasambleísta María Corina Machado parece tener las horas de libertad contadas.
Esta teoría del golpe de Estado también está en el discurso de María Cristina Fernández de Kirchner. Piensa la presidenta argentina que si un fiscal decide imputarla por la muerte de otro fiscal es un golpe de estado judicial. La independencia de poderes, tan democrática en la vieja Europa, es algo que solo está bien en los países bolivarianos cuando te beneficia. Vamos que Cristina tiene envidia de Maduro porque el Supremo venezolano nunca ha fallado en contra del Ejecutivo desde que Chávez tomó el poder. Igual los máximos jueces en Venezuela piensan que no merece la pena llevar la contraria al jefe para no ir a la cárcel.
En Ecuador, Rafael Correa tampoco tiene problemas con los jueces. Lo que él dice siempre se cumple luego en la Corte Constitucional. Ni con los asambleístas. Con algunos periodistas choca alguna vez, pero les manda a la Superintendencia de Comunicación para que los multe y los ponga de rodillas y se acaba la polémica. Y si en las redes sociales, algo más incontrolable, surge algún elemento díscolo ya se encarga él de fustigarlo con todo el aparato medíático del que dispone hasta que el crítico arroja la toalla. También pasó esta semana pasada. Por lo menos no rompió periódicos en su arenga semanal de los sábados. Será que está preocupado con las malas noticias económicas que le aventuran un año complicado.
No hay que remontarse nada más que a la semana pasada para ver cómo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha mandado a la policía política para encarcelar al alcalde mayor de Caracas acusado de conspiración y de una supuesta participación en una trama delirante del eje Madrid-Bogotá-Miami para derrocar al sucesor de Chávez. Maduro tiene a su país sumido en una crisis enorme. Sin alimentos, sin medicinas, con la segunda mayor tasa de criminalidad del mundo y se defiende con conspiraciones paranoicas en su contra para tratar de salvar la cara. Eso sí, al que le lleva la contraria lo mete en la cárcel. Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición, lleva doce meses entre rejas. Ahora le ha tocado el turno a Antonio Ledezma y la exasambleísta María Corina Machado parece tener las horas de libertad contadas.
Esta teoría del golpe de Estado también está en el discurso de María Cristina Fernández de Kirchner. Piensa la presidenta argentina que si un fiscal decide imputarla por la muerte de otro fiscal es un golpe de estado judicial. La independencia de poderes, tan democrática en la vieja Europa, es algo que solo está bien en los países bolivarianos cuando te beneficia. Vamos que Cristina tiene envidia de Maduro porque el Supremo venezolano nunca ha fallado en contra del Ejecutivo desde que Chávez tomó el poder. Igual los máximos jueces en Venezuela piensan que no merece la pena llevar la contraria al jefe para no ir a la cárcel.
En Ecuador, Rafael Correa tampoco tiene problemas con los jueces. Lo que él dice siempre se cumple luego en la Corte Constitucional. Ni con los asambleístas. Con algunos periodistas choca alguna vez, pero les manda a la Superintendencia de Comunicación para que los multe y los ponga de rodillas y se acaba la polémica. Y si en las redes sociales, algo más incontrolable, surge algún elemento díscolo ya se encarga él de fustigarlo con todo el aparato medíático del que dispone hasta que el crítico arroja la toalla. También pasó esta semana pasada. Por lo menos no rompió periódicos en su arenga semanal de los sábados. Será que está preocupado con las malas noticias económicas que le aventuran un año complicado.
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