Compinchados
Por Carlos Enrique Bayo
Hay fiscales que “afinan” los casos judiciales cuando Interior hace una “gestión”, según afirmó en su propio despacho el ministro Jorge Fernández Díaz. Pero hay otros que afilan tanto los casos que comprometen a la cúpula policial, quizás a raíz de gestiones del Ejecutivo, que acaban por desafinar hasta rayar en el fraude de ley.
Eso es lo que le está ocurriendo ahora a Alfonso San Román en las causas del pequeño Nicolás, tras un largo historial de oponerse a la mayoría de las diligencias de investigación, para acabar por aducir que faltan pruebas para perseguir los delitos claramente cometidos por el veinteañero metido a falso espía e impostor. Más aún, en las últimas semanas ese fiscal se ha dedicado a participar en extrañas maniobras parajudiciales, apoyando claramente a los investigados que tratan de descarrilar todo el procedimiento. Actividad harto sospechosa para el que debería representar al Ministerio Público en la persecución de los imputados.
El fiscal San Román desaprovechó en su día la oferta de la defensa de Francisco Nicolás Gómez Iglesias para que éste asumiera los tres delitos que se le imputan en el caso Ribadeo (cohecho, usurpación de funciones públicas y falsificación de documentos), a cambio de aceptar las penas mínimas. Al mismo tiempo, dijo no ver allí ninguna malversación de fondos públicos, pese a que los agentes municipales que acompañaron a Nicolás hasta aquella población de Lugo –donde fingió ser un emisario de la mismísima Casa Real con el fin de engañar a un gran empresario–, emplearon vehículos y otros materiales policiales hurtados del Ayuntamiento de Madrid para fingir que participaban en una comitiva oficial.
A lo largo de la instrucción, “el propio fiscal San Román está apoyando a las defensas y poniéndose en contra de las acusaciones tanto populares como particulares, de la Abogacía del Estado y del Ayuntamiento de Madrid”, explicaba a Público recientemente el letrado de una de esas partes. Además, ha mostrado una extraña indiferencia hacia determinadas declaraciones testificales que comprometían a los implicados en la misteriosa trama Nicolás, al tiempo que mostraba una curiosa hiperactividad cada vez que podía colaborar con estratagemas para exculpar a los investigados o incluso perseguir una nulidad general de la causa por motivos de procedimiento, táctica repetidamente empleada por imputados del PP en casos de corrupción.
Pero seamos precisos y metódicos, para que todo esto no parezca una mera denuncia infundada.
El caso del pequeño Nicolás ha sido el detonador que ha hecho estallar el escándalo de la brigada política formada a la sombra del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuyas conspiraciones para destruir a rivales políticos fueron finalmente reveladas por las grabaciones en su despacho oficial publicadas en exclusiva por Público. Esa maraña de confabulaciones quedó especialmente al descubierto cuando en las dependencias bajo control de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía fue ilegalmente grabada una reunión entre agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el entonces jefe de Asuntos Internos, dedicada a desentrañar las misteriosas actividades del pequeño Nicolás.
Peor todavía, esa grabación fue filtrada a periodistas afines al PP e incluso al propio Francisco Nicolás, con la evidente intención de dinamitar la investigación. Así surgió una pieza separada del sumario que trata de averiguar cómo y por orden de quién se cometió esa maniobra parapolicial. Y, como el asunto es grave, es en esa pieza donde se están produciendo más tensiones entre la comisión judicial –creada por el juez Arturo Zamarriego– y la cúpula policial de Fernández Díaz, algunos de cuyos máximos responsables maniobran para dar al traste con la causa incluso después de haber sido jubilados.
Ése es el caso de Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (o sea, ex número dos de la Policía), quien acaba de echarle un capote al pequeño Nicolás mediante un escrito al Juzgado de Instrucción Nº2 (el que instruye la grabación ilegal del encuentro entre policías y espías) en el que incurre en graves contradicciones con su propio testimonio ante el juez con la finalidad de desacreditar a los principales investigadores de la causa, el comisario Marcelino Martín-Blas y el inspector Rubén López, e incluso le enmienda la plana al propio juez Zamarriego.
Ya es curioso que el que fuera jefe del operativo político-policial montado en torno al ministro se arriesgue ahora a incurrir en un posible falso testimonio sólo con el objetivo de sacar al pequeño Nicolás del hoyo procesal en el que se encuentra. Pero más sospechoso aún es que ese jovenzuelo obtuviese una copia del escrito –y la empezase a distribuir entre sus amigos y periodistas afines– antes de que el juez le hubiera dado traslado a las partes. Es decir, Francisco Nicolás obtuvo ese documento por vía extrajudicial y sólo pudo haberlo obtenido del propio Pino, quien ahora sostiene –corrigiendo su testimonio original– que lo que era ilegal fue la reunión entre agentes policiales y de la inteligencia, en vez de que ésta se grabara a escondidas y en sede oficial.
En resumen, el ex DAO de Fernández Díaz entra a la carga con toda su artillería para forzar la disolución de la comisión judicial que investiga el caso, y su escrito llega a manos del pequeño Nicolás antes de que el juez lo distribuya. Verde y con asas.
Pero esto no acaba aquí. A continuación, Pino ordena –pese a estar jubilado– a un inspector que reenvíe a diferentes agentes policiales un escrito del fiscal San Román en el que también se insta a investigar a los dos responsables de la comisión judicial y se recurre la decisión del juez Zamarriego de enviar a reparto la denuncia del ex DAO contra Martín-Blas y López. Una “providencia” del fiscal, fechada pocos días antes de la denuncia de Pino, que no tiene sello de entrada ni firma y que tampoco ha sido distribuida a las partes personadas en la causa.
“Una de las posibilidades es que sea el propio fiscal San Román quien le haya dado una copia de su escrito al ex número dos de la Policía. De demostrarse, ese hecho podría ser muy grave, porque el comisario Pino ha sido investigado en el procedimiento y se ha pedido su imputación, a lo que el fiscal se ha negado“, explicó a Público una fuente judicial. Blanco y en botella.
Más aún, el fiscal habla en su escrito de una cuarta pieza separada del caso Nicolás, precisamente abierta con la intención de disolver la comisión judicial –a lo que se opone hasta la Abogacía del Estado–, que es desconocida por completo para las acusaciones populares, a las que sólo se ha informado de dos piezas separadas.
Por si todo esto fuera poco, San Román lanza también la caballería contra el inspector Rubén López, al que acusa ahora de haber coaccionado al pequeño Nicolás en los pasillos de los juzgados de la Plaza Castilla. Una denuncia relacionada con el caso Ribadeo que ya fue juzgada en el de instrucción Nº14, donde ni el juez ni la fiscal vieron delito ninguno, declarándose el archivo libre de la causa.
Aquel intento de apartar al inspector que más ha trabajado durante este procedimiento fracasó porque no había prueba ni testimonio alguno que corroborase las acusaciones del pequeño Nicolás, quien aparte de estar imputado –y gozar, por ello, del derecho a mentir– es conocido como un falsario compulsivo. Pues no, ahora el fiscal San Román pretende reabrir esa causa –algo que debería ser imposible por ser hecho juzgado y tener que aplicarse la doctrina jurídica non bis in idem– con la indudable intención de acabar con toda la investigación sobre el caso Nicolás. Y lo hace dando toda la credibilidad a un imputado, por encima de la palabra de un agente de la autoridad –ni más ni menos que inspector e investigador de la causa– y además sin ni siquiera haber hablado con este último, de forma que provoca su indefensión al acusarle sin darle posibilidad de explicarse.
Pero bueno, ¿a qué se dedica este fiscal? Porque su salario lo pagamos entre todos los contribuyentes y se supone que debería dedicarse a perseguir a los delincuentes y no a maniobrar para obstruir las investigaciones sobre presuntos delitos.
En mi opinión, está claro que está procurando afinarle el caso a Nicolás y a sus compinches. Pero no lo hace con demasiada finura.
Hay fiscales que “afinan” los casos judiciales cuando Interior hace una “gestión”, según afirmó en su propio despacho el ministro Jorge Fernández Díaz. Pero hay otros que afilan tanto los casos que comprometen a la cúpula policial, quizás a raíz de gestiones del Ejecutivo, que acaban por desafinar hasta rayar en el fraude de ley.
Eso es lo que le está ocurriendo ahora a Alfonso San Román en las causas del pequeño Nicolás, tras un largo historial de oponerse a la mayoría de las diligencias de investigación, para acabar por aducir que faltan pruebas para perseguir los delitos claramente cometidos por el veinteañero metido a falso espía e impostor. Más aún, en las últimas semanas ese fiscal se ha dedicado a participar en extrañas maniobras parajudiciales, apoyando claramente a los investigados que tratan de descarrilar todo el procedimiento. Actividad harto sospechosa para el que debería representar al Ministerio Público en la persecución de los imputados.
El fiscal San Román desaprovechó en su día la oferta de la defensa de Francisco Nicolás Gómez Iglesias para que éste asumiera los tres delitos que se le imputan en el caso Ribadeo (cohecho, usurpación de funciones públicas y falsificación de documentos), a cambio de aceptar las penas mínimas. Al mismo tiempo, dijo no ver allí ninguna malversación de fondos públicos, pese a que los agentes municipales que acompañaron a Nicolás hasta aquella población de Lugo –donde fingió ser un emisario de la mismísima Casa Real con el fin de engañar a un gran empresario–, emplearon vehículos y otros materiales policiales hurtados del Ayuntamiento de Madrid para fingir que participaban en una comitiva oficial.
A lo largo de la instrucción, “el propio fiscal San Román está apoyando a las defensas y poniéndose en contra de las acusaciones tanto populares como particulares, de la Abogacía del Estado y del Ayuntamiento de Madrid”, explicaba a Público recientemente el letrado de una de esas partes. Además, ha mostrado una extraña indiferencia hacia determinadas declaraciones testificales que comprometían a los implicados en la misteriosa trama Nicolás, al tiempo que mostraba una curiosa hiperactividad cada vez que podía colaborar con estratagemas para exculpar a los investigados o incluso perseguir una nulidad general de la causa por motivos de procedimiento, táctica repetidamente empleada por imputados del PP en casos de corrupción.
Pero seamos precisos y metódicos, para que todo esto no parezca una mera denuncia infundada.
El caso del pequeño Nicolás ha sido el detonador que ha hecho estallar el escándalo de la brigada política formada a la sombra del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuyas conspiraciones para destruir a rivales políticos fueron finalmente reveladas por las grabaciones en su despacho oficial publicadas en exclusiva por Público. Esa maraña de confabulaciones quedó especialmente al descubierto cuando en las dependencias bajo control de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía fue ilegalmente grabada una reunión entre agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el entonces jefe de Asuntos Internos, dedicada a desentrañar las misteriosas actividades del pequeño Nicolás.
Peor todavía, esa grabación fue filtrada a periodistas afines al PP e incluso al propio Francisco Nicolás, con la evidente intención de dinamitar la investigación. Así surgió una pieza separada del sumario que trata de averiguar cómo y por orden de quién se cometió esa maniobra parapolicial. Y, como el asunto es grave, es en esa pieza donde se están produciendo más tensiones entre la comisión judicial –creada por el juez Arturo Zamarriego– y la cúpula policial de Fernández Díaz, algunos de cuyos máximos responsables maniobran para dar al traste con la causa incluso después de haber sido jubilados.
Ése es el caso de Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (o sea, ex número dos de la Policía), quien acaba de echarle un capote al pequeño Nicolás mediante un escrito al Juzgado de Instrucción Nº2 (el que instruye la grabación ilegal del encuentro entre policías y espías) en el que incurre en graves contradicciones con su propio testimonio ante el juez con la finalidad de desacreditar a los principales investigadores de la causa, el comisario Marcelino Martín-Blas y el inspector Rubén López, e incluso le enmienda la plana al propio juez Zamarriego.
Ya es curioso que el que fuera jefe del operativo político-policial montado en torno al ministro se arriesgue ahora a incurrir en un posible falso testimonio sólo con el objetivo de sacar al pequeño Nicolás del hoyo procesal en el que se encuentra. Pero más sospechoso aún es que ese jovenzuelo obtuviese una copia del escrito –y la empezase a distribuir entre sus amigos y periodistas afines– antes de que el juez le hubiera dado traslado a las partes. Es decir, Francisco Nicolás obtuvo ese documento por vía extrajudicial y sólo pudo haberlo obtenido del propio Pino, quien ahora sostiene –corrigiendo su testimonio original– que lo que era ilegal fue la reunión entre agentes policiales y de la inteligencia, en vez de que ésta se grabara a escondidas y en sede oficial.
En resumen, el ex DAO de Fernández Díaz entra a la carga con toda su artillería para forzar la disolución de la comisión judicial que investiga el caso, y su escrito llega a manos del pequeño Nicolás antes de que el juez lo distribuya. Verde y con asas.
Pero esto no acaba aquí. A continuación, Pino ordena –pese a estar jubilado– a un inspector que reenvíe a diferentes agentes policiales un escrito del fiscal San Román en el que también se insta a investigar a los dos responsables de la comisión judicial y se recurre la decisión del juez Zamarriego de enviar a reparto la denuncia del ex DAO contra Martín-Blas y López. Una “providencia” del fiscal, fechada pocos días antes de la denuncia de Pino, que no tiene sello de entrada ni firma y que tampoco ha sido distribuida a las partes personadas en la causa.
“Una de las posibilidades es que sea el propio fiscal San Román quien le haya dado una copia de su escrito al ex número dos de la Policía. De demostrarse, ese hecho podría ser muy grave, porque el comisario Pino ha sido investigado en el procedimiento y se ha pedido su imputación, a lo que el fiscal se ha negado“, explicó a Público una fuente judicial. Blanco y en botella.
Más aún, el fiscal habla en su escrito de una cuarta pieza separada del caso Nicolás, precisamente abierta con la intención de disolver la comisión judicial –a lo que se opone hasta la Abogacía del Estado–, que es desconocida por completo para las acusaciones populares, a las que sólo se ha informado de dos piezas separadas.
Por si todo esto fuera poco, San Román lanza también la caballería contra el inspector Rubén López, al que acusa ahora de haber coaccionado al pequeño Nicolás en los pasillos de los juzgados de la Plaza Castilla. Una denuncia relacionada con el caso Ribadeo que ya fue juzgada en el de instrucción Nº14, donde ni el juez ni la fiscal vieron delito ninguno, declarándose el archivo libre de la causa.
Aquel intento de apartar al inspector que más ha trabajado durante este procedimiento fracasó porque no había prueba ni testimonio alguno que corroborase las acusaciones del pequeño Nicolás, quien aparte de estar imputado –y gozar, por ello, del derecho a mentir– es conocido como un falsario compulsivo. Pues no, ahora el fiscal San Román pretende reabrir esa causa –algo que debería ser imposible por ser hecho juzgado y tener que aplicarse la doctrina jurídica non bis in idem– con la indudable intención de acabar con toda la investigación sobre el caso Nicolás. Y lo hace dando toda la credibilidad a un imputado, por encima de la palabra de un agente de la autoridad –ni más ni menos que inspector e investigador de la causa– y además sin ni siquiera haber hablado con este último, de forma que provoca su indefensión al acusarle sin darle posibilidad de explicarse.
Pero bueno, ¿a qué se dedica este fiscal? Porque su salario lo pagamos entre todos los contribuyentes y se supone que debería dedicarse a perseguir a los delincuentes y no a maniobrar para obstruir las investigaciones sobre presuntos delitos.
En mi opinión, está claro que está procurando afinarle el caso a Nicolás y a sus compinches. Pero no lo hace con demasiada finura.
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