Penalizar hace invisible la prostitución, pero no la elimina

Por José Carlos García Fajardo

Pocos grupos sociales sufren una discriminación tan absoluta como las prostitutas. Es un tema sobre el que todo el mundo se siente con derecho a opinar, pero no conceden ese mismo derecho a las propias trabajadoras sexuales. Nadie les pregunta lo que piensan, porque la mayoría de los políticos y de los ciudadanos, tanto de derechas como de izquierdas, piensan que todas ellas son unas víctimas del proxenetismo a las que hay que rescatar de su triste sino, incluso en contra de su voluntad, escribe Rosa Montero en un valiente artículo que lleva a la reflexión más honesta.

Un informe de la ONU de 2010 establece que en Europa sólo una de cada siete prostitutas es víctima de trata. Las demás ejercen su trabajo voluntariamente. Y aquí es cuando el puritanismo protesta y dice: pero no lo hacen libremente, se ven forzadas por la situación económica. Como la mayoría de los trabajadores, la mayoría tiene empleos que no les gustan, muchos en jornadas abrumadoras, con un trato laboral humillante y por un sueldo de miseria.

La prestigiosa periodista dice comprender que haya mujeres adultas que prefieran vender sexo (que no su cuerpo: no es un mercado de esclavos ni de ganado) en un desempeño profesional que puede permitirles ganar más dinero en condiciones laborales menos embrutecedoras que limpiar oficinas de noche en una subcontrata por 400 euros al mes, sin nómina y teniendo que soportar el maltrato, la precariedad y el manoseo baboso del jefe del equipo.

Y es la criminalización de la prostitución, como sucede con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, lo que impide que las hetairas puedan ejercer su trabajo en condiciones óptimas, seguras y saludables, añade.

La trata, claro, es un horror, y, como es natural, las prostitutas son las primeras interesadas en erradicarla. La reconocida escritora recuerda que ella misma recogió en un artículo el informe sobre el éxito del que en 2010 alardearon los suecos sobre la ley que promulgaron en 1999 que penalizaba la compra del sexo y que perseguía al cliente pero no a la vendedora. Llegaron a afirmar que esa medida casi había acabado con la trata y la prostitución.

En realidad lo que se publicó en todo el mundo fue un resumen en inglés que parecía convincente pero luego empezaron a salir multitud de trabajos criticando el estudio. Entre ellos, la autora cita el de Ann Jordan, del Center for Human Rights and Humanitarian Law (Washington College of Law), que analiza punto por punto el informe completo: el texto sueco no demuestra ninguno de los datos que da y carece de una metodología mínimamente fiable. La Universidad de Lund (Suecia) investigó los efectos de la aplicación de la ley entre 2005 y 2010 y sus resultados son demoledores: la prostitución no bajó, sólo se expandió a otros territorios, y el riesgo de las trabajadoras sexuales a ser asaltadas y violadas aumentó significativamente.

La escritora y luchadora incansable por los derechos humanos para todos y en especial para las mujeres discriminadas afirma que hay muchas fuentes autorizadas, desde el informe GRETA del Consejo de Europa a trabajos hechos por las Naciones Unidas o el Parlamento Europeo, que parecen demostrar que la penalización no acaba con la prostitución, sino que la invisibiliza, y que además aumenta la vulnerabilidad de las trabajadoras y su dependencia de los proxenetas, ya que, al no poder haber una oferta abierta, necesitan más a los intermediarios: “Pero la ceguera de los prejuicios, concluye, impide ver lo más evidente. Sólo creemos lo que queremos creer, aunque haya mil datos que contradigan nuestro pensamiento fosilizado”.

Una reflexión de una escritora de enorme prestigio que siempre ha estado a favor de la legalización de la prostitución porque le parece una medida necesaria para proteger a esas mujeres que la ejercen libre y voluntariamente y que facilitaría la lucha implacable contra el criminal mercado de la trata y del proxenetismo.

José Carlos García Fajardo es profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y director del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)

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