EDITORIAL / Europa

La Comisión Europea ha puesto en marcha por primera vez un mecanismo que permite imponer sanciones a un Estado miembro por violar las reglas europeas del Estado de derecho. El proceso se ha abierto contra Polonia por varios cambios impulsados por el nuevo Gobierno ultraconservador, en especial en relación al Tribunal Constitucional.

Bruselas también requiere aclaraciones sobre las modificaciones introducidas en el proceso de nominación del presidente y el vicepresidente de este alto tribunal, así como sobre los cambios que potencialmente podría limitar su margen de acción como la exigencia de una mayoría de dos tercios en lugar de la mayoría simple para declarar una ley inconstitucional.

La fase preliminar de evaluación que comienza ahora es la primera de tres posibles dentro del marco para salvaguardar el Estado de derecho en la UE. En un segundo momento, la Comisión puede proponer recomendaciones al país afectado y, en última instancia y si las violaciones a los valores comunitarios son "graves y persistentes" puede proponer imponer sanciones, como la suspensión del derecho de voto del país en el Consejo de la UE.

Así es que –aunque parezca lo contrario, a veces– hay requisitos que un Estado debe mantener para seguir siendo miembro de la Unión Europa, lo que es una buena noticia, ya que a veces da la impresión de que Bruselas se desentiende del devenir de sus miembros una vez que estos ya han ingresado en el club.

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