Editorial / Infringir la Ley

"Mi interpretación es que infringe la ley", dice Ignacio Villaverde, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, respecto a la participación de la consejera Esther Díaz (un 19,80% de las acciones) en la empresa de su marido  que participa en la construcción del Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores Dependientes de Riaño, en Langreo.

El jurista sostiene su argumento en la Ley asturiana 4/95 de incompatibilidades, actividades y bienes de los altos cargos del Principado de Asturias, que prohíbe a los miembros del Consejo de Gobierno, y otros altos cargos, participar en empresas que tengan conciertos de obras con el sector público estatal, autonómico o local.

Un reglamento que recoge como excepción aquellas actividades que se deriven "de la mera administración del patrimonio personal o familiar", pero que incluye como salvedad, matiza Villaverde, "el supuesto de participación superior al 10% entre el interesado, su cónyuge e hijos menores".

La consejera supera este porcentaje de participación, incluso de forma individual, en la empresa Davelco –dedicada a la venta y alquiler de maquinaria, herramientas y vehículos para la construcción, obras públicas, minería e industria– de la que su marido, David González Galán, es administrador solidario.

"La legislación es clarísima: entre ella y su cónyuge no pueden tener el 10% de una empresa que ejecuta obras para la administración pública y da igual que sea la administración local, regional o estatal la que contrate", especifica el jurista.


Vaya, vaya... el villismo se cae por todas partes; ahora también por la exalcaldesa de Langreo.

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