Derechos irrenunciables e incondicionales
Por Ileana Alamina
Como vivimos en una sociedad desigual y asimétrica, muchas
personas no tienen idea de los derechos que les asisten, que son esas garantías
que todas y todos tenemos para vivir dignamente.
Los derechos humanos tienen como características la universalidad, nos pertenecen, no importa en dónde nos encontremos, ni nuestra condición social; son intransferibles, son irrenunciables, nos acompañan siempre, no podemos abdicar de ellos, son interdependientes, se relacionan y vinculan unos con otros, son inalienables, no son objeto de compraventa, no prescriben, no tienen fecha de vencimiento.
Son incondicionales, categóricos y tajantes, así como inviolables; tenemos la garantía de su protección, del respeto y cumplimiento por parte del Estado, de sus instituciones, de la sociedad; son integrales y acumulativos, pueden sumarse otros que nos correspondan como personas y que en estos momentos no estén todavía contemplados.
El 10 de diciembre de 1948 se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como un ideal “por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”.
Todo los Estados la han aceptado, ella es un sustento para la protección de esas garantías, pero hasta los que se precian de ser “más democráticos” han sido frecuentemente señalados de violentar esas garantías, especialmente las de aquellos desfavorecidos o marginados de la sociedad; basta revisar las noticias sobre el tratamiento inhumano que se da a los migrantes y los crímenes que se están cometiendo, en esta época, en contra de población civil, de mujeres y niños.
Se sabe que esa Declaración Universal es el documento más traducido, aunque los usualmente marginados no tengan ni idea de lo que se trata y que la misma no les es aplicada. Esto es incoherente con la existencia de tantas personas en pobreza extrema, de esa gran cantidad de niños desnutridos, sin escuela, ni asistencia médica.
Además de que los Estados son los obligados a su promoción, defensa y protección, organizaciones sociales han portado ese estandarte, vigilando su cumplimiento y señalando a los perpetradores de las violaciones de dichas garantías. Se han convertido en interlocutores legítimos y portavoces de los que carecen de posibilidades de reclamarlos ante los responsables de su cumplimiento, han tomado iniciativas y mantienen unas actitudes propositivas con propuestas de soluciones, acompañadas de procesos de gestión de políticas públicas y mecanismos de defensa.
Lamentablemente, hay instituciones internacionales que, contribuyendo a la polarización y exclusión, se han convertido en descalificadores de defensores, si no pertenecen a las organizaciones por ellos reconocidas y protegidas.
Los derechos humanos tienen como características la universalidad, nos pertenecen, no importa en dónde nos encontremos, ni nuestra condición social; son intransferibles, son irrenunciables, nos acompañan siempre, no podemos abdicar de ellos, son interdependientes, se relacionan y vinculan unos con otros, son inalienables, no son objeto de compraventa, no prescriben, no tienen fecha de vencimiento.
Son incondicionales, categóricos y tajantes, así como inviolables; tenemos la garantía de su protección, del respeto y cumplimiento por parte del Estado, de sus instituciones, de la sociedad; son integrales y acumulativos, pueden sumarse otros que nos correspondan como personas y que en estos momentos no estén todavía contemplados.
El 10 de diciembre de 1948 se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como un ideal “por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”.
Todo los Estados la han aceptado, ella es un sustento para la protección de esas garantías, pero hasta los que se precian de ser “más democráticos” han sido frecuentemente señalados de violentar esas garantías, especialmente las de aquellos desfavorecidos o marginados de la sociedad; basta revisar las noticias sobre el tratamiento inhumano que se da a los migrantes y los crímenes que se están cometiendo, en esta época, en contra de población civil, de mujeres y niños.
Se sabe que esa Declaración Universal es el documento más traducido, aunque los usualmente marginados no tengan ni idea de lo que se trata y que la misma no les es aplicada. Esto es incoherente con la existencia de tantas personas en pobreza extrema, de esa gran cantidad de niños desnutridos, sin escuela, ni asistencia médica.
Además de que los Estados son los obligados a su promoción, defensa y protección, organizaciones sociales han portado ese estandarte, vigilando su cumplimiento y señalando a los perpetradores de las violaciones de dichas garantías. Se han convertido en interlocutores legítimos y portavoces de los que carecen de posibilidades de reclamarlos ante los responsables de su cumplimiento, han tomado iniciativas y mantienen unas actitudes propositivas con propuestas de soluciones, acompañadas de procesos de gestión de políticas públicas y mecanismos de defensa.
Lamentablemente, hay instituciones internacionales que, contribuyendo a la polarización y exclusión, se han convertido en descalificadores de defensores, si no pertenecen a las organizaciones por ellos reconocidas y protegidas.
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